Reparación de daño y contraloría ciudadana, necesarios para Ley Ambiental de Michoacán

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Juan Antonio Magallán – Morelia, Michoacán

Dejar bien claro el concepto de reparación del daño ambiental con la premisa “el que contamina paga” y generar una contraloría ciudadana para el cuidado medioambiental, serían dos tópicos nodales para una nueva ley ambiental de Michoacán, consideró Elena Burns, coordinadora de Planeación del Centro para la Sustentabilidad CENTLI de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La especialista y activista medioambiental participó en el foro virtual “La Ley Ambiental que necesitamos”, en el cual se analizó el dictamen de la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán, y destacó que los congresistas deben tener en claro que sin establecer medidas resarcitorias para el daño ambiental generado por particulares, la ley quedaría incompleta.

La integrante de Agua para Todos A.C. recalcó que el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, puntualiza que sería una buena guía para el trabajo legislativo, ya que delinea la legitimación de la defensa del medioambiente.

Foto: UAM

Aunque resaltó que México no está adherido al Acuerdo de Escazú, dicho mecanismo establece elementos oportunos para la ejecución de decisiones judiciales y administrativas, así como reparación del daño para el daño al medioambiente.

“Se tendrá que pensar en la reparación del daño, desde el que contamina paga. Se deben recuperar esos principios, pero es reparación del daño, pensando en que se deben dejar las áreas afectadas, igual o mejor a como estaban antes de la afectación, no se reduce a un tema de pago de sanciones, eso nunca sirve”, añadió.

Por último, la activista ambiental resaltó que la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental deberá establecer mecanismos para la participación social, con la generación de contralorías que aseguran la participación de las comunidades que han pagado el costo por la destrucción medioambiental.

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