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Yolanda Gutiérrez – Morelia, Michoacán

La disputa por el control de plazas y del presupuesto vuelve a ser el centro de las discusiones que ha protagonizado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tras la aprobación del dictamen de la reforma educativa, dice sin matices el secretario de Educación en Michoacán, Alberto Frutis Solís.

“Es únicamente por eso. No se está discutiendo un modelo pedagógico nuevo, se está discutiendo lo de toda la vida: quién va a poder manejar los recursos, tanto financieros como los que derivan de las plazas. Quién va a asignar a los maestros, a directivos, a los supervisores; se trata de no perder el control”, descobija el funcionario.

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En ese escenario, exhibe que no hay una propuesta de mejora educativa por parte de la CNTE ni su debate está anclado en este tema, sino en los intereses gremiales. El tema, dice, debe estarse discutiendo también en las cámaras del Congreso de la Unión.

Llama al Gobierno Federal a no ceder a pretensiones contrarias al espíritu de la educación y de la docencia, “la madre de todas las profesiones”, porque las políticas educativas las define el Estado-nación y la misma sociedad, pero el control de la educación por ninguna causa debe regresar a prácticas del pasado.  Ahí está la historia de rezagos, expone el funcionario.     

Lagunas y ajustes ‘inevitables’

El dictamen de la reforma educativa aprobado por las comisiones de Educación y de Puntos Constitucionales tiene severas lagunas que obligan, inevitablemente, a hacer enmiendas antes de votarse en las cámaras del Congreso de la Unión, plantea el titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE).

Examina que deben hacerse ajustes en el tema financiero, porque si esta reforma —que para él no son más que modificaciones a las leyes complementarias— no se articula con el presupuesto educativo, será un ordenamiento jurídico-educativo más, que se enfrentará a la amenaza presupuestal cuando se intenten implementar planes y programas en los estados.

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Considera que la propuesta obliga a otra enmienda: la revaloración del magisterio, que ponga por delante la figura del maestro y cómo se va a medir el desempeño docente, “porque lo que no se mide, no se corrige”. Y contrasta las atribuciones que le asistían en la anterior reforma al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que cumplía con esa parte.

Enfatiza en los cambios de fondo que deben hacerse para resolver el presupuesto para infraestructura física y para los estados que tienen nóminas educativas colapsadas, 25 a la fecha. Esto es, 78 por ciento de las entidades federativas sumidas en una profunda crisis del gasto educativo.

“Este tema no está en discusión en ninguna de las dos cámaras del Congreso federal”, apremia.

Frutis Solís señala que hay tantas lagunas como dudas que no se han clarificado, como el monto del presupuesto con que se atenderá el contenido de los ajustes que plantea la reforma; tampoco se ha dicho si ese tema se despejará en las leyes secundarias.

El funcionario no ve una reforma, sino modificaciones a las leyes complementarias del anterior ordenamiento educativo: el 80 por ciento es el mismo contenido de la anterior reforma y sólo 20 por ciento son modificaciones y actualizaciones sustantivas.

Nuevo pacto educativo, piso parejo sin ventajas

El nuevo pacto federal en materia educativa que plantea el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, intenta resolver estructuralmente el esquema de aportaciones Federación-estado. Regresar a los términos que se diseñaron originalmente en el acuerdo de 1992, con un modelo de concurrencia equitativo, es la columna vertebral de la propuesta que empuja el Ejecutivo estatal.

El secretario de Educación, Alberto Frutis Solís, contrasta los montos de los recursos que aportaban Federación-estados hace 27 años, en una proporción de 90-10, que con el paso de los años cambió en su configuración y se disparó al 60-40. Así, el esquema se volvió inviable e inequitativo para las entidades federativas.

En un recuento de cifras para dimensionar la importancia de un nuevo acuerdo de voluntades, Frutis Solís sintetiza que para el caso de Michoacán, que en 1992 aportaba 250 millones de pesos contra 1,500 millones de la Federación, en 2014 el monto estatal se elevó a poco más de 5 mil millones de pesos, contra 16 mil millones de origen federal, lo que se tradujo en el colapso de las finanzas estatales y por ello se trabaja deficitariamente.

Sobre estos temas, escuche aquí la entrevista completa con el responsable de la política educativa en Michoacán. 


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