Ciudad de México.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó una contrapropuesta al acuerdo federal firmado ayer por el presidente Enrique Peña Nieto con líderes empresariales e industriales para fortalecer la economía del país.

Gustavo de Hoyos, presidente de la asociación empresarial, afirmó que no firmar el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar al que llamó el presidente Enrique Peña Nieto no significa un rompimiento con el gobierno federal, indicó Milenio.

“Sabemos disentir cuando nos parece que éstas (las decisiones) son desacertadas, esta claridad es la que ha alimentado la decisión, producto del consenso empresarial, para no suscribir el acuerdo (…) no debe considerarse como un rompimiento”, dijo en conferencia de prensa.

El presidente del patronato empresarial presentó un plan de trabajo de tres ejes que incluye:

  1. Impulso a la economía familiar y la generación de empleo
  2. Mejoramiento de las finanzas públicas y la macroeconomía
  3. Combate a la corrupción y defensa del estado de derecho.

“México sí necesita un acuerdo y Coparmex está de acuerdo en generarlo”, dijo De Hoyos y agregó que se requiere “un acuerdo solidario donde todos los mexicanos pongamos nuestra responsabilidad por México por delante”.

De Hoyos explicó que para impulsar la economía familiar es necesario eliminar la mitad de los 37 programas sociales que el Coneval identificó como duplicados, aprobar la deducibilidad al 100 por ciento de las prestaciones laborales y establecer un padrón único de beneficiarios de programas sociales a nivel federal.

En el segundo eje, la Coparmex propone evitar el aumento de la gasolina en los próximos meses utilizando recursos excedentes del IEPS y de la venta del petróleo pues, destacó, el año pasado éste impuesto recaudó 29.3 por ciento más de lo esperado, llegando a 67 mil millones de pesos adicionales que pueden ser utilizados para reducir los precios de la gasolina.

Dentro de la propuesta, De Hoyos destacó el establecer métricas concretas de reducción del dispendio de recursos públicos a través de la reducción del gasto en publicidad gubernamental y comunicación social, financiamiento a los partidos políticos y prestaciones laborales extraordinarias de los funcionarios públicos.

En el tercer y último eje, la confederación empresarial llamó a establecer sanciones fiscales para los estados que incumplan con la implementación de sistemas locales anti corrupción y para aquellos que no homologuen su ley de la cuenta pública o no mejoren en el índice de transparencia presupuestal.

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