San José, Costa Rica – El Universal

Pese a la urgencia regional de priorizar los escasos recursos financieros para atacar las profundas causas socioeconómicas y de seguridad que empujan a centenares de miles de centroamericanos a migrar cada año por otras vías a México y Estados Unidos, el gasto castrense continúa ocupando un renglón crucial en Centroamérica.

El gasto militar de Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador superó los mil millones de dólares sólo en 2018, destacó el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (Sipri, por sus siglas en inglés), centro global de monitoreo de defensa y seguridad.

En junio, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una inversión inicial de 30 millones de dólares y final de 100 millones de dólares en El Salvador. La gestión de Guatemala confirmó que compró dos aviones militares a Argentina en 28 millones de dólares, en un negocio que pactó el 3 de julio, y un barco militar a Colombia en 11.6 millones de dólares que llegará a aguas guatemaltecas entre octubre y noviembre.

El gobierno de Nicaragua admitió que pagó 13 millones de dólares a Holanda por dos buques ligeros de guerra que mantiene en una fase de prueba que inició, el 29 de junio pasado en el mar Caribe, con maniobras de preparación combativa.

El gobierno de Honduras reconoció que Israel le donará próximamente lo que las fuerzas armadas hondureñas describieron como el más poderoso buque guardacostas de Centroamérica.

La meta regional es reforzar la militarización del combate a la delincuencia organizada, como los contrabandos de personas, drogas o armas y otras modalidades criminales que azotan a la zona.

México lanzó en diciembre pasado un plan de asistencia socioeconómica para el sur del territorio y el norte de Centroamérica que, por un monto preliminar de 30 millones de dólares, pretende enfrentar el origen de los flujos migratorios irregulares con opciones de desarrollo.

Mientras, el gasto militar de Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador, que están entre las naciones más pobres de América, superó los 25 mil millones de dólares de 1998 a 2018, precisó el Sipri.

Los datos de las cuatro naciones, que en los casos de Guatemala, El Salvador y Nicaragua fueron sacudidas por guerras civiles por conflictos sociopolíticos en varias etapas de la segunda mitad del siglo pasado y llegaron al actual en paz, excluyen donativos militares externos de proveedores como Estados Unidos, Rusia, Taiwán o Israel, entre otros. Costa Rica y Panamá carecen de ejércitos. Las cifras contrastan con otra realidad: los cuatro países, con unos 39.2 millones de habitantes, tienen a más de 20.6 millones en distintos rangos de pobreza y a 4.7 millones en desnutrición, según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Banco Mundial y fuentes oficiales.

Ataques. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, viajó este mes a Argentina a concretar, con el mandatario de ese país, Mauricio Macri, la compra de las aeronaves a la (estatal) Fábrica Argentina de Aviones. “Estamos muy emocionados por este proyecto”, dijo Morales en Argentina.

El capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, Acción Ciudadana, presentó una solicitud de desafuero en contra de Morales, por la compra de los aviones.

El guatemalteco Jordan Rodas, jerarca de la (estatal) Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, reclamó al gobernante que mientras “priorice el despilfarro en la compra de aviones frente a necesidades básicas de la población, la realidad de nuestro país no cambiará.

“En lugar de destinar fondos públicos para este tipo de adquisiciones, el gobierno de Guatemala debería pensar en inversión social, en áreas tales como nutrición e infraestructura en salud y educación, y así se garanticen los derechos fundamentales a todas las personas, sin distinción alguna”, aseguró.

Los candidatos presidenciales Sandra Torres y Alejandro Giammattei, que disputarán el próximo 11 de agosto la segunda y definitiva ronda electoral de la que saldrá el sucesor de Morales a partir de enero de 2020, cuestionaron la compra.

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